Durante casi seis meses, la Procuraduría General de la República (PGR) las mantuvo presas en el penal de alta seguridad de Tepic, en Nayarit, bajo la acusación de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El lunes 15, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales ordenó la liberación de las dos mujeres, debido a que durante la audiencia final el Ministerio Público Federal, dependiente de la PGR, presentó conclusiones no acusatorias en favor de ambas.

La ONU-DH recordó en un comunicado que, el 21 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2014, en la que observó que durante su estancia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México las dos mujeres habían sido “torturadas y obligadas a firmar una declaración contra su voluntad”.

Esta recomendación representó una “señal positiva” para la ONU-DH, la cual llamó al ombudsman a “robustecer el seguimiento de sus recomendaciones”.

Según la ONU-DH, la recomendación de la CNDH ayudará a que “se fortalezcan las condiciones que lleven al pleno esclarecimiento de los hechos y al establecimiento de todas las responsabilidades penales que se deriven”.

Dichas responsabilidades en el caso Tlatlaya, abundó la ONU-DH, abarcan tanto la participación, el encubrimiento, la omisión y la aquiescencia de los militares y funcionarios involucrados en la cadena de mando.

Nota original: http://www.proceso.com.mx/?p=391110

Ver comunicado del que se desprende la nota.

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