Asimismo, la ONU-DH recuerda que en casos de desaparición de personas es fundamental contar con la participación de la familia de la víctima durante todo el proceso. Las autoridades pertinentes tienen la obligación y la familia de la víctima el derecho a ser informada directamente sobre la investigación y no a través de terceros, incluyendo medios de comunicación, a contar con acompañamiento psicosocial de calidad, a que se garantice su protección efectiva y el resto de derechos previstos en la legislación mexicana y en el marco internacional de derechos humanos. En los casos en los que la persona desaparecida haya fallecido, es necesario garantizar que el proceso para identificar sus restos mortales sea conducido conforme a los más altos estándares científicos, y comunicado a la familia por parte de los expertos que hayan participado en el mismo, explicando plenamente el proceso y solucionando todas las inquietudes que la familia pudiera tener al respecto. Cuando existan dudas sobre la identificación de los restos, se deben llevar a cabo peritajes independientes.
La ONU-DH llama a las autoridades de Michoacán a asegurar que la investigación en el caso del Sr. Adame y la atención a su familia se conduzcan con base en los estándares mencionados anteriormente.
Cabe señalar que el gremio periodístico no ha sido ajeno al flagelo de las desapariciones en México. De 2005 a la fecha, la CNDH ha registrado 20 desapariciones de periodistas, a las cuales se suma la del Sr. Salvador Adame. Además, al menos 7 periodistas han sido asesinados en 2017[1]. Lo anterior confirma a este año como uno de los más peligrosos para quienes ejercen la libertad de expresión en México.
La Oficina reitera su disposición para asistir técnicamente al estado de Michoacán en este caso. Finalmente, la ONU-DH expresa su solidaridad con la familia del Sr. Adame, así como con sus colegas periodistas en el estado de Michoacán en estos difíciles momentos.
TERMINA
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