1).- Asistir
a instituciones gubernamentales para la implementación de las
recomendaciones emitidas por el Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
en su informe para México del 2004, basado en su visita en el
2003, con especial énfasis en los derechos de las mujeres indígenas.
2).- Monitorear y evaluar la implementación
de las recomendaciones del Relator Especial, y el desarrollo del sistema
legal, para mejorar la protección de los derechos de los pueblos
indígenas.
3).- Fortalecer las capacidades de las organizaciones
de la sociedad civil y comunidades indígenas a través
del conocimiento de instrumentos de derechos humanos y mecanismos de
protección nacionales e internacionales, para mejorar su capacidad
de respuesta ante las violaciones de derechos humanos.