Conversatorio: “Dolor, Resistencias y horizontes de esperanza. Voces desde las actuales violencias en México” - Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado

  • Martes, 01 Diciembre 2020 13:18

Muy buenos días. Empiezo estas breves palabras con un cordial saludo a todas las personas que participan en este importante conversatorio y un agradecimiento por la atenta invitación del Departamento de Ciencias Sociales y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana, para participar en representación de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Permítanme compartir algunas reflexiones generales sobre el tema central que hoy nos convoca, que son los derechos humanos. Porque la violencia contra las mujeres, los feminicidios, más allá de la regulación penal, son esencialmente graves afectaciones a los derechos humanos de las mujeres (de más de la mitad de la población de México). Cuando hablamos de discriminación, de cualquier tipo discriminación, ésta gira siempre en torno a los derechos humanos y sus principios, como la igualdad de todas las personas.

De la misma forma, la desaparición de personas es una gravísima violación a los derechos humanos, que incluso puede constituir un delito de lesa humanidad; es un delito continuado y permanente, cuya acción penal no prescribe; un delito que se sigue cometiendo cada día, desde la desaparición de la persona hasta establecer su destino o paradero; por ello las graves consecuencias para los familiares, a quienes se les impone una dolorosa incertidumbre y mantienen una valiente e incansable búsqueda de sus queridos.

A los familiares de las personas desparecidas, de las víctimas de feminicidio, a todas las personas que dedican sus vidas para la defensa de los derechos humanos de todas las personas, en un país tan complejo como México, a todas ellas, la ONU-DH desea reiterarles hoy su reconocimiento por su valioso trabajo, por su valentía y su gran dedicación. Gracias por inspirarnos. Seguiremos a su lado apoyándoles.

Cuando en nuestra región, la más desigual y violenta del planeta, observamos que gran parte de la población no tiene acceso, no disfruta o no ejerce sus derechos humanos, reconocidos no sólo en tratados internacionales sino en las propias constituciones; cuando vemos que se trata de una marginación con hondas raíces en causas estructurales, que sigue criterios de discriminación basados en el género, grupo étnico, clase social o el lugar donde vives; cuando la CEPAL señala que el modelo económico es el que produce las desigualdades que la pandemia ha hecho más evidentes.

Cuando estamos ante un panorama de estas características, con frecuencia tendemos a pensar que la gran meta a alcanzar es la plena vigencia de los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación o el debido cumplimiento de los deberes de los Estados de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En ocasiones nos sentimos tan lejos de ese logro que hasta nos parece una utopía.

Pero si revisamos cómo fue concebida la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, tal vez cambiemos esta perspectiva.

Un primer elemento a destacar es que la DUDH, así como los tratados que desarrollan su contenido o las constituciones de nuestros países, no nos conceden estos derechos: lo que hacen es reconocer derechos que tenemos como seres humanos. Muchos de los derechos hoy reconocidos, que las nuevas generaciones podrían creer que siempre fueron reconocidos, en realidad fueron ganados en las calles, en las demandas y luchas sociales históricas, hasta lograr su reconocimiento legal tras muchos años de sacrificios.

En la esfera internacional, del derecho internacional público, los Estados fueron desde un inicio los únicos sujetos de derechos. Era un espacio reservado a los Estados soberanos y por ende no reconocían un poder legal por encima de ellos. Había un derecho consuetudinario, una costumbre legal sobre unas pocas temáticas. Eran Estados con posiciones conservadoras que no reconocían ningún poder por encima de ellos y muchos menos que un individuo pudiese exigir algún derecho en esa esfera reservada a los Estados.

Los derechos humanos revolucionaron esta visión en unas pocas décadas. Todo inició con la DUDH - contenida en una resolución de la Asamblea General de la ONU que no tienen la obligatoriedad legal de un tratado internacional– que refleja el acuerdo mínimo de estos Estados soberanos de reconocer ciertos derechos que deberían disfrutar todas las personas, en cualquier lugar y en cualquier momento.

En otras palabras, la DUDH no fue concebida como la gran meta a alcanzar por la humanidad. Se trata del consenso mínimo de los Estados en torno a derechos inherentes al ser humano, que toda persona debe disfrutar o ejercer para tener una vida digna.

Si este conjunto de derechos humanos son el mínimo, debemos entender que por debajo de esa línea, cuando una persona no puede disfrutar alguno de esos derechos, entonces esa persona no tiene una vida compatible con la dignidad humana. Por eso es que la DUDH empieza señalando que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos.

De modo que cuando no tenemos acceso a la salud, no tenemos una vivienda adecuada, no tenemos un empleo decente, no tenemos acceso a agua pura y al saneamiento, cuando no podemos acceder a una educación de calidad, cuando hay hambre y desnutrición, cada vez que se nos niega la verdad y la justicia, cuando somos víctimas de la violencia en medio de la impunidad, cuando esto sucede, se nos está negando derechos reconocidos mundialmente, pero más íntimamente, se nos está negando tener la posibilidad de una vida digna.

Muchas de las personas que hoy nos acompañan son mujeres y hombres que defienden los derechos humanos. Si nos detenemos a pensar, si bien es cierto que todavía existen algunos derechos que no son reconocidos de manera adecuada, en realidad hoy las principales demandas de quienes defienden los derechos humanos no se centran en el reconocimiento de derechos, sino en exigir la vigencia efectiva de los derechos ya reconocidos. Hoy se está exigiendo el cumplimiento efectivo de la las normas que han reconocido nuestros derechos.

Como lo han señalado relatores especiales y comités de los tratados de la ONU, quienes defienden los derechos humanos, quienes ejercen su derecho a la manifestación pública y protesta social, están ejerciendo un derecho y demandando que el Estado cumpla con la Constitución y la ley, pero en muchos países quienes participan en estas manifestaciones pacíficas son, con frecuencia, estigmatizados y reciben una respuesta policial haciendo uso excesivo de la fuerza en contra de los estándares internacionales.

Estas demandas sigue vigentes porque si bien el reconocimiento legal de los derechos es un gran logro de históricas luchas sociales y ciudadanas, no ha sido suficiente. Nuestra región tiene constituciones avanzadas y los países han ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos. Pero a pesar de ello, las personas no han logrado experimentar el cambio en sus vidas que prescriben estas normas y que la población más excluida esperaba. Y es que para lograr el disfrute de estos derechos sin discriminación se requiere de la aplicación efectiva de lo que estas constituciones, tratados y leyes establecen. En toda nuestra región existe una gran brecha de inaplicación.

En este punto también quisiera compartir algunas ideas sobre el papel del Estado. Inicialmente, tras la II guerra mundial y los fascismos, muchos concibieron a los derechos humanos como derechos individuales que colocaban un límite a la acción de los Estados. Los Estados siempre eran los únicos sospechosos de cometer las violaciones. Hoy la concepción del Estado y la realidad misma han cambiado. La principal razón por que tenemos un Estado es para que garantice nuestros derechos. Hablamos de un Estado garante de derechos. Esa es su principal obligación legal.

Si bien todavía es preciso seguir trabajando para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos por parte de agentes estatales, la realidad ha puesto de relieve la creciente importancia del deber estatal de protección: el Estado debe protegernos de la acción de actores no estatales, desde empresas hasta grupos criminales, que socaban nuestros derechos. El Estado no sólo debe investigar y sancionar a quienes abusan de nuestros derechos, a quienes cometen crímenes en contra nuestro; el Estado debe prevenir la repetición de estos hechos.

La tercera gran obligación de los Estados en materia de derechos humanos es la garantía, el hacer efectivos estos derechos. Y esta obligación contiene áreas en las que quienes defienden, estudian, investigan y trabajan en derechos humanos debemos ingresar: el marco jurídico, las políticas públicas y el presupuesto. Ya hemos hablado de los avances en cuanto al marco jurídico. Pero precisamente, para hacer efectivas las normas, precisamos de políticas públicas orientadas y medidas para que progresivamente extiendan el goce de los derechos humanos. Pero ninguna norma ni ninguna política pública podrá aplicarse si no dispone de los fondos necesarios. La asignación de los fondos del presupuesto de un país revela las prioridades reales de los gobiernos y el lugar que ocupan los derechos humanos entre esas prioridades.  

De modo que la gran pregunta hoy no es sobre cuál es el rol del Estado o cuáles son sus obligaciones legales respecto de los derechos humanos. La constitución y los instrumentos internacionales lo señalan con claridad. La gran pregunta es en realidad cómo lograrlo. Y este es uno de los principales objetivos de nuestra Oficina: sobre la base de la observación, de la evidencia, prestar asesoría técnica a los Estados sobre cómo hacer efectivas estas obligaciones en materia de derecho humanos. Ese mismo es el objetivo del sistema de protección internacional de la ONU y del sistema interamericano, de los cuáles provienen recomedaciones muy concretas.

Finalmente, como ha sido reconocido ampliamente, desde la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, hasta la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicias Bárcenas, la pandemia del COVID-19 hizo más evidente las desigualdades en nuestra región. Ante esta situación, el Secretario General de la ONU, hizo un llamado para la acción en derechos humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos, señalando que deben guiar no sólo la respuesta al COVID-19, sino especialmente la reconstrucción. Hoy en la ONU hay una clara convicción sobre que no podemos regresar a la situación anterior, que debemos construir un futuro mejor con los derechos humanos en el centro y bajo el principio de la agenda 2030 de desarrollo sostenible: que nadie quede atrás.

Muchas gracias

Modificado por última vez en Martes, 01 Diciembre 2020 13:32
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